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Dirigir y coordinar la planificación y ejecución de la política de recursos humanos, proponiendo las actuaciones necesarias para adecuar éstos a las demandas y necesidades sociales, así como para la racionalización y ordenación de las unidades en que se articula la Administración .
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La elaboración, en colaboración con la Viceconsejería de Economía, Presupuestos y Control Económico, del anteproyecto de las plantillas presupuestarias.
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La Inspección General en materia de Personal y Servicios, a efectos de garantizar la racionalidad y eficacia en la Función Pública, sin perjuicio de las competencias que en materia de control económico correspondan a la Oficina de Control Económico.
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La elaboración y propuesta de planes de racionalización y reasignación de efectivos.
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La elaboración y propuesta de criterios e instrumentos que garanticen las funciones de interlocución, coordinación y, en su caso, decisión acerca de los contenidos y límites de la negociación colectiva en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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Proponer la representación de la Administración de la Comunidad Autónoma en la negociación con los representantes de los funcionarios y del personal laboral, y ostentarla ante los órganos competentes en materia de función pública de las demás Administraciones.
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Asignar las cuantías individualizadas en concepto de complemento de productividad y conceder gratificaciones por servicios extraordinarios, de conformidad con los criterios de distribución aprobados por el Gobierno.
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Establecer los criterios de común aplicación para los Departamentos y Organismos Autónomos en la gestión ordinaria del personal en ejecución de la política general que el Gobierno apruebe en esta materia.
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Establecer los criterios de común aplicación para los Departamentos y Organismos Autónomos que el Gobierno apruebe en materia de seguridad y salud laboral.
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Dictar las instrucciones a seguir en la tramitación y resolución de las incidencias administrativas o laborales que afecten al personal.
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En general, cuidar del cumplimiento de la legislación en materia de función pública, adoptando o, en su caso, proponiendo las medidas precisas para ello, y ejercer cualesquiera otras funciones que le atribuya la normativa vigente.
